Audios de WhatsApp pueden usarse como prueba judicial

30 - Octubre - 17

¿Sabía usted que amenazas o chantajes que reciba en mensajes de voz pueden servir para interponer denuncias judiciales? En esto consiste esa norma.

Ciberacoso

Los audios de WhatsApp interceptados a quienes incendiaron un vehículo de Uber en enero pasado fueron la prueba fundamental para que una juez de garantías dictara medida de aseguramiento por el delito de confabularse para ejecutar una acción criminal contra estos hombres. 
 
Esos mensajes de voz, obviamente obtenidos mediante una orden judicial, son el mejor ejemplo del valor probatorio que tienen las conversaciones emitidas o guardadas sobre plataformas de mensajería electrónica.

Según Andrés Guzmán Caballero, CEO de Adalid Abogados y especialista en delitos digitales, la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 le da un gran valor a esta clase de contenidos. En concreto, la ley dice que “no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”. 

Así, por ejemplo, han sido utilizados en casos como en la campaña de pánico que se hizo a través de mensajes de voz a finales de 2016 en Barranquilla o cuando anunciaron un “plan pistola” contra comerciantes y transeúntes de la zona de Buenavista. Lo que seguramente no sabían sus creadores es que en las leyes colombianas esta conducta está tipificada como un delito y tiene penas de prisión. 

Ahora, estas evidencias tienen sus requisitos para ser aceptadas ante un estrado judicial, y el primero de estos es que la prueba haya sido obtenida de forma lícita y que para su obtención no se hayan violado los derechos o libertades fundamentales del usuario del dispositivo ni de sus interlocutores.

Para la Corte Suprema de Justicia, una grabación hecha por un particular sin orden judicial tendrá validez en un proceso penal si se realiza directamente por la víctima o con su aquiescencia, si capta el momento de la comisión del delito y si su finalidad es pre constituir prueba del mismo. No es viable grabar conversaciones propias con terceros y usarlas en beneficio de intereses particulares.

En este caso, es obligatoria una orden judicial para analizar el equipo que contiene los mensajes y así mismo, una adecuada cadena de custodia. Otra de las normas que deben cumplirse con obligatoriedad, es que tanto el laboratorio forense especializado en medios digitales, como los programas de software que se usen en el análisis y las personas que realizan el procedimiento, sean legalmente certificados para el manejo de este tipo de pruebas.
 
Según Guzmán Caballero, “para fines prácticos, en miles de casos se han usado los alcances de este artículo que aclara que aunque la información no conste por escrito (y esto corresponde a los mensajes de voz) los mensajes electrónicos tienen el mismo efecto probatorio de un correo electrónico o de la grabación legalmente autorizada de una llamada telefónica”.  

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Adalid, firma consultora especializada en seguridad informática, de las pruebas digitales que se presentan hoy en los procesos judiciales, 60% son correos electrónicos, y 35%, chats de WhatsApp, de los cuales el 23% son mensajes de voz. El resto son páginas de internet y otros.

Información relacionada